Se terminan las protestas de los empleados del sector justicia. El Gobierno confirmó ayer a los representantes de comunidades autónomas que estuvieron en la reunión de Justicia que acordaron no acometerá la anunciada privatización del registro civil en Zaragoza.

Este logro llega en buena hora para la entidad del estado, aunque adelanto que sigue adelante la implantanción de de la nueva ley del organismo.

Esta norma según el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, tampoco se implantará de forma directa. «Trataremos la norma a media ya que establece, en vez de las actuales secciones, una página por individuo y de tipo informático y, en este sentido, no está preparado el ministerio para esto».

De todas maneras Guillén estuvo optimista de que no se haya dado privatización, pero también lamentó el tiempo perdido pues se buscaba aplicar la les desde 2014. Al mismo tiempo tuvo reproches hacia ministerio que, mientras se aplica la nueva normativa, los costos las carga las comunidades autónomas.

Además en esta sectorial también se trató sobre la incorporación de Jueces de Adscripción Territorial para auxiliar en las demandas respecto a cláusulas suelo. Algo para lo que las comunidades autónomas tendrán un aportar personal con las limitaciones actuales del techo de gasto.

Respecto a la Oferta de Empleo Público de Gobierno, otro de los puntos que se iba a tratar, Vicente Guillén recordó que en la Comunidad Autónoma de Aragón existen hasta 76 vacantes, de forma que si el ministerio convoca oposiciones, «nosotros queremos que se oferten más plazas de nuestro territorio».

Este consejero además instó a trabajar en convenio y establecer «un cronograma con un compromiso de fechas» pues se necesita implantar el Sistema de Gestión Procesal Común, y apostó por que las pruebas de acceso a la abogacía se puedan realizar en Zaragoza, pues la universidad cuenta con más de cien aspirantes, número a partir del cual ya se pueden celebrar en una ciudad.